Contrarreforma al Proceso Penal

La labor del Juez de Garantía, una cuestión de Libertad Ciudadana.

(Previamente publicado en Sentidos Comunes) 

El Gobierno plantea su intención de “reformar la Reforma” Procesal Penal en un contexto en el que realiza profusas críticas a los intervinientes del mismo luego del resultado de causas como el caso Pitronello, el caso Bombas y las libertades concedidas a los detenidos en las marchas, todas resueltas en el marco de la votación de la Ley Hinzpeter, adversas a los intereses del gobierno. Además, se percató que desde hace ya un tiempo la ciudadanía notó la ineficacia en el cumplimiento de las promesas de campaña relativas a la seguridad ciudadana con la correspondiente merma en el apoyo a la gestión del Ejecutivo. Esto se volvía una preocupación importante para el segundo piso de La Moneda, pero el Gobierno supo encontrar oportunamente al chivo expiatorio ideal para quitarle el pecho a las balas: el Proceso Penal y en particular los Jueces.

Así las cosas, tras la resolución del juez Pablo Ávila, 13° Juzgado de Garantía de Santiago, que dejó con arraigo y no con prisión preventiva a Pablo Ávila, quién confesó asesinar a Claudio Lincaqueo San Martín, barrista de Colo-Colo luego del partido de futbol con la UC, el Presidente Piñera anunció la realización de una “reforma a la reforma” Procesal Penal argumentando a través del Subsecretario de la prevención del delito Cristóbal Lira que el proceso no estaba funcionando y que se rompía en el “engranaje más débil”,  produciéndose en la sociedad una sensación de inseguridad que no favorecía las acciones que el gobierno y Carabineros de Chile están llevando a cabo conjuntamente. De hecho el Ministro del Interior dijo enfáticamente “quiero alzar la voz en representación del sentido común, en representación de los ciudadanos y ciudadanas del país (…) quiero decir que resulta poco comprensible que una persona que ha confesado el delito y que tiene que realizarse diligencias en forma inmediata quede en libertad”. Los Albertos de la seguridad (Espina y Cardemil) apoyaron la iniciativa e iniciaron el lobby mediático para favorecer la idea presidencial. Sin embargo, ante esta festina efervescencia, el Ministro de Justicia Teodoro Ribera marcó una diferencia y señaló que esta reforma no es algo antojadizo o que responde a la eventualidad de un caso sino que se le encargó con tiempo a la secretaría de Estado que encabeza  “realizar un estudio sobre el funcionamiento en la Reforma de Procesal Penal, en todos sus aspectos, tanto administrativos como legales”, el cual tiene por centro “resguardar mejor los derechos de las víctimas, avanzar en el procedimiento y evitar la impunidad”. Rubén Ballesteros, presidente de la Corte Suprema, confirmó lo dicho por Rivera y agregó que “si vamos a hacer reformas a la Reforma Procesal Penal, espero que el estudio sea completo”.

"En palabras simples, el Estado de manera reaccionaria, busca restar derechos a los ciudadanos para que su trabajo le resulte más fácil de realizar."

Al hablar del Proceso Penal no hay que olvidar que consiste, por sobretodo, en una garantía para los ciudadanos; sí, para todos los ciudadanos, pues todos pueden verse enfrentados contra el Estado en un proceso acusatorio en el que éste proveerá sin piedad todas las pruebas que encuentre, lícitas e ilícitas, para imputar los hechos que sanciona como ilícitos, como surgió en el caso del Paquistaní o contra los estudiantes que se manifestaban, por ejemplo. En este sentido, el actual proceso contempla un Juez que custodia las garantías ciudadanas, he aquí la importancia del Juez de Garantías, quien se vuelve impopular ante quienes poseen ideas inquisitivas y autoritarias cuando realiza correctamente su trabajo. Las reformas que se plantean van directamente a restar poder al Juez de Garantías, relajando los requisitos para juzgar a alguien y facilitando la tarea del órgano persecutor. En palabras simples, el Estado de manera reaccionaria, busca restar derechos a los ciudadanos para que su trabajo le resulte más fácil de realizar. Como era de esperar con este proyecto se les hizo agua en la boca a algunos parlamentarios pues saben que el discurso de la “seguridad pública” puede traer réditos importantes para sus conglomerados en este periodo de elecciones municipales. Sin embargo, lo complejo, es que en materias penales lo último que puede hacer el legislador es caer en los “cantos de sirena” que significan las encuestas, pues en el trasfondo existe la pugna entre el Estado y los particulares, tan entendida y defendida en materias económicas por los pseudo-liberales chilenos, pero tan olvidadas cuando se trata de política criminal.

Sin embargo, esta no será la primera Contrarreforma que se realiza a la Reforma Procesal Penal, pues la ley de agenda corta antidelincuencia (Ley Nº 20.253), entre otras leyes, ya restó garantías a la ciudadanía, por ejemplo, extendiendo los plazos de detención que se establecían en el Código original y reincorporando subrepticiamente la detención por sospecha bajo la apariencia del control de identidad, tan usada en el contexto de las manifestaciones sociales del año 2011. Además se fortaleció y facilitó el trabajo del Ministerio Público permitiéndole apelar ciertas resoluciones desfavorables y también se le proporcionaron los medios para sortear los requisitos del control de detención. Promovida fuertemente por el parlamentario Espina esta primera modificación dio un paso atrás y equivocado en lo que a libertades se refiere pues en vez de exigir más del persecutor y de sus auxiliares les rebajaron los estándares de actuación. En el lenguaje coloquial es como si a un alumno le dijéramos que como sabemos que no rinde bien, su siete lo obtendrá cuando se saque un cuatro, lo que no es tolerable cuando hablamos del Estado. En la actualidad, y según ha sido la tónica de los proyectos del gobierno en esta materia, lo que se buscará por parte de las corrientes conservadoras será restringir aun más los derechos y, obviamente, entregar más facultades al inquisidor.

La senadora Alvear, quien participó en la redacción del Código Procesal Penal original, destacó una nueva idea señalando que el problema no es el Proceso, sino que es la tipificación de los delitos consagrados en un Código Penal vigente desde principios del siglo XX, pues en él el eje fundamental son los delitos contra la propiedad y no los delitos contra la vida. Sin embargo, la senadora olvida la inmensa cantidad de modificaciones legales que el parlamento ha hecho a las penas de todos los delitos de connotación mediática lo que posibilita, por ejemplo, que quien cometa un delito tome racionalmente la decisión de matar y robar, pues le trae la misma pena que sólo robar. Como se podrá comprender la prevención del delito no corre únicamente por sancionarlo cuando se ha cometido, sino que precisamente consiste tratar las causas que llevan a las personas a cometer ilícitos. En este sentido una modificación al Proceso Penal no puede ir antes que una modificación al Código Penal, que racionalice el uso de la pena y disminuya la inflación penal y esta a su vez no puede ir sin fortalecer las escasas estrategias que se han implementado para reinsertar a las personas que cumplen penas y que sin oportunidades reingresas al círculo delictivo.

Asimismo el Juez de Garantía, verdadero Ombudsman en materia penal ante los embates conservadores, debe ser respaldado por la población, pues será el encargado en custodiar los derechos de cualquiera que el Estado presente para hacer valer su puño de acero. En este sentido la ciudadanía debe manifestarse indignada y reticente de toda modificación al Proceso Penal garantista pues se encuentra directamente enlazado con la libertad de todos quienes encuentren en el territorio de la República. En caso de guardar silencio cómplice no nos sorprendamos si vuelve a pasar lo que Martin Niemöller señalaba tan crudamente en la Alemania Nazi: "primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada".